Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
Creación 2004
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La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela fue una ley impulsada en 2004 por el presidente Hugo Chávez y su primer partido, el Movimiento V República, que reformó el Tribunal Supremo y amplió sus integrantes con doce miembros afines al gobierno, alejando de su cargo a magistrados que habían hecho contrapeso a las políticas del chavismo hasta ese entonces.[1]

Antecedentes

La Constitución de 1999 buscaba garantizar la independencia de los magistrados otorgándoles doce años y con la posibilidad de removerlos con dos tercios de la Asamblea Nacional.[1]​ En marzo de 2000 el recién creado Tribunal Supremo de Venezuela lo integraban veinte magistrados, de los cuales, indirectamente, diez eran aliados y diez opositores de Chávez.[2]

Tras el golpe de Estado al segundo gobierno de Hugo Chávez en 2002, donde fue derrocado por cuarenta horas, «el sistema judicial empezó a resentirse», según José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch. Cuatro meses después, el TSJ emitió una sentencia donde se negaba a iniciar una investigación a los cuatro generales que estaban acusados de participar en este.[2]​ Según un informe de HRW, desde 2003 Chávez «venía adoptando medidas para asumir el control del Poder Judicial, erosionando la separación de poderes y la independencia del sistema judicial, a través de medios que violan los principios fundamentales de la Constitución venezolana y el derecho internacional de los derechos humanos».[3]

Historia

En 2004 se aprobó la ley, que permitió destituir magistrados mediante una mayoría simple de votos y que amplió la participación en el TSJ de doce a veinte miembros, afines al gobierno, según Human Rights Watch.[1]

Repercusión histórica y política

El informe de HRW de 2008 determinó que después de esta ley, el TSJ afín al gobierno despidió a cientos de jueces, designando otros cientos en su lugar, recomendando tomar medidas para revertir el daño causado por dicha ley.[1][2]​ Su director para América, José Miguel Vivanco, declaró que la ley «convirtió al tribunal en un apéndice del Ejecutivo».[3]

Referencias

  1. a b c d Broner, Tamara Taraciuk (18 de septiembre de 2008). «Una Década de Chávez». Human Rights Watch. 
  2. a b c Peregil, Francisco (19 de septiembre de 2008). «Chávez se hace con el control de los jueces». El País. ISSN 1134-6582. 
  3. a b «Poder Judicial y erosión democrática en Venezuela». Deutsche Welle. 4 de mayo de 2022. 
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